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Campaña unitaria

En el marco de la cuarentena impuesta por el Covid-19, el hecho de que la etiqueta #LiberenALosTrabajadoresPresos se haya posicionado como primera en tendencia nacional el jueves 2 de julio, indica que el necesario e importante esfuerzo articulador para llevar adelante la campaña iniciada para exigir la libertad de lxs trabajadorxs presos por defender Derechos y denunciar actos de corrupción promete tener un creciente y significativo impacto.

La clase obrera está siendo objeto de toda una política en su contra que se materializa a través de medidas que lleva adelante el gobierno de Nicolás Maduro y sostenida por todo el sector privado, que se beneficia de las paupérrimas condiciones que se imponen a través de violación leyes laborales elementales, violación de la Constitución desde el mismo seno del gobierno e incluso creación y utilización de leyes o reglamentos para reprimir con toda fuerza la más mínima exigencia de la clase obrera venezolana, como sucede con la aplicación a diestra y siniestra de la odiosa  Ley contra el Odio.

Marcos Sabariego y Bartolo Guerra trabajadores del sector petrolero, que fueron encarcelados por el hecho de denunciar el menoscabo o la falta de condiciones laborales básicas como atención de salud, salario, convenciones colectivas o el estado de equipos necesarios para la producción. A Bartolo Guerra, por atreverse a tanto, le imputan “Traición a la Patria”. Sabariego fue detenido tras participar en una asamblea de trabajadores petroleros.

Darío Salcedo está preso por reclamar el aumento desmedido y abusivo de la bolsa de alimentos que le vende la misma institución del Estado para la que trabaja, al llevarla de 15 mil Bs  a 1.300.000 Bs (con un salario mínimo mensual de Bs 250 mil para el momento de la detención).

Hay casos que ya llevan años y que son tristemente emblemáticos, como el de Rubén González, al que le aplicaron la justicia militar luego de que asistiera a una marcha por la recuperación del salario, y Rodney Álvarez, quien lleva 9 años preso al imputarle un asesinato ejecutado públicamente por un burócrata sindical de la tolda del PSUV ocurrido en una asamblea de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, cuando todo indica que él no es el responsable y todavía permanece en prisión sin juicio.

Pero el gobierno también encarcela a trabajadores como Aryenys Torrealba y Alfredo Chirinos, quienes se negaron a avalar actividades de corrupción y decidieron denunciarlas, por lo que hoy están presos, acusados de “vender información” al imperio.

En el fondo, el encarcelamiento de las trabajadoras y trabajadores es parte de una política antiobrera de Estado. La nueva burguesía que ostenta el Poder Político en Venezuela, procedente del PSUV, de un mundo de dudosos negocios o de círculos militares, acumula sus ganancias no sólo a través de hechos de corrupción  y desfalco de recursos de la nación; sino también a través de la apropiación de todo el valor que genera el trabajo, convertido enteramente en plusvalía con el pago de salarios equivalentes a Cero. El trabajo casi gratuito o por una escasa bolsa de comida, es la mezquina inversión que hace el gobierno para mantener el funcionamiento del Estado descargando todo el sacrificio sobre la clase trabajadora.

Cederle  al empresariado toda  discrecionalidad para pagar lo que ellos unilateralmente decidan, despedir trabajadores y tener en sus manos un memorándum (2792) que le permite decidir, unilateralmente, las condiciones de salario y laborales, equivale a las más extremas formas de desregulación neoliberal. También arrebató el derecho a discutir convenciones colectivas y flexibilizó los   despidos, aunque en realidad, la casi inexistencia del salario en Venezuela supone que la masa trabajadora en su conjunto ha sido objeto de un despido indirecto.

La clase obrera está prácticamente despedida en Venezuela y lo que hay es comparable a formas de trabajo semi-esclavo, a cambio de subsidios clientelares, con despojo de todos los derechos y beneficios laborales, o trabajo precarizado e informal por doquier. Es una situación trágica y propia de las formas más tremendas de gobierno impuestas por las derechas, por los experimentos estalinistas y por el capitalismo en el mundo y en la historia.

Mientras, el dirigente de la burguesía opositora y de la derecha clásica, Juan Guaidó, se pasea a sus anchas, siendo la cara visible de la apropiación de las reservas de oro y petróleo de los venezolanos, y sigue libre y campante pese a sus aventuras golpistas y llamados pro intervencionistas descarados, los trabajadores son encarcelados por levantar su voz ante el oprobio que viven. Así es la actuación proburguesa del gobierno de Nicolás Maduro.

Por eso, esta campaña que exige la liberación de las trabajadoras y trabajadores presos por luchar, es para hacer todo el esfuerzo unitario que haga falta para enfrentar con fuerza esta política liquidadora de la clase obrera y que ya lleva decenas de trabajadores presos, judicializados y criminalizados por enfrentar la imposición de la burocracia gobernante que  nos pone en la situación de  “morirnos de hambre, pero en silencio”.

Marea Socialista   seguirá llevando adelante  esta campaña unitaria con distintas organizaciones sindicales, populares y políticas de izquierda. Luchamos por el salario y por la aplicación del Art 91 de la CRBV que lo iguale a la Canasta Básica; para lo cual introdujimos un Amparo en el TSJ, a punto de cumplir dos años sin respuesta. Luchamos por recuperar el valor del trabajo y los derechos de la clase trabajadora, de todos los derechos  del pueblo. Y frente la respuesta criminalizadora y represora de la justa protesta por parte del gobierno, luchamos por la libertad de los presos y por el respeto a los derechos democráticos de todo el pueblo.

 ¡No más trabajadoras y trabajadores presos por luchar!


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