Spread the love

A miseria estructural, movilización prolongada.

Por Impulso Socialista

El 9 de septiembre, diez meses después del 21 de noviembre, las calles de Colombia se llenan nuevamente de personas indignadas y enfurecidas por la tortura y el asesinato de Javier Ordóñez, un abogado que se encontraba celebrando en su apartamento en la madrugada del 9 de septiembre y dos policías lo asesinan por estar “violando la cuarentena”. Uno de los agentes le imprime electrochoques con un táser; el otro fija la fuerza de su peso en el pecho de Javier, mientras éste con poco aire les grita: “Por favor paren, ya no más”. Este hecho, muy al estilo de George Floyd en Estados Unidos, y como muchos otros de los asesinatos producto del abuso policial, enfureció al pueblo colombiano que salió a las calles al día siguiente dispuesto a quemarlo todo, sobre todo los CAI (Centros de Atención Inmediata) de la Policía Nacional Colombiana. Por si fuera poco, El 10 de septiembre, en la capital del país, se efectuaron 14 asesinatos más, de manifestantes y transeúntes, de nuevo a manos de la policía y vigilancia privada que pretendían diezmar la protesta social.

El asesinato de Javier, si bien fue el detonante, el pueblo estalla de nuevo por el derecho a una vida digna, mostrando su repudio al genocidio histórico y las masacres registradas en el presente año; rechaza también la precarización de la vida y la masiva expulsión de trabajadores del sector productivo; sale a las calles por el abandono y precarización de les trabajadores; en contra del terrorismo de Estado, expresado en la impunidad de sus delitos contra el pueblo; y un infinito etcétera de injusticias, vejámenes y opresiones que simplemente no aguantaron más en el plano del silencio.

Esta energía del movimiento de masas y sus diversas expresiones no es tabula rasa, es un sustancial sedimento de lucha y resistencia de las jornadas del 21 de noviembre —por no ir más atrás—, latente en la fuerza y el ímpetu de la juventud, sector que en las calles ha sido protagonista, direccionando y planeando la misma agenda de movilización, aunque de forma espontánea y poco organizada. Es necesario resaltar que dichas manifestaciones (21N y 9S) han estado enmarcadas en un característico aumento de los niveles de confrontación con las fuerzas represivas, donde el pueblo bien ha resistido y confrontado.

Ante estos y futuros levantamientos de reivindicación social, ha quedado bastante claro que la salida lejos está de ser el llamado pacificador y conciliador de sectores políticos reformistas, que lo que buscan es retardar la digna lucha del pueblo enfurecido que hoy se forja y le pone cara a un gobierno y un régimen genocida. La movilización tiene que continuar y ser potenciada por la organización democrática de los sectores populares y la clase trabajadora para avanzar hacia un paro general indefinido.

¿Por qué salimos a las calles?

Crisis estructural: razones que tienen sumido el país en la miseria Después de la crisis de los años 70, la clase burguesa tuvo dos maneras de acumular tasa de ganancia: 1. a través del modelo neoliberal y 2. planteando la base económica a partir del capital financiero, conclusión: inserción de una arremetida de políticas de ajuste para la clase trabajadora. Estas medidas, además de generar una pérdida generalizada de derechos laborales y sociales a la clase trabajadora, la puso en función de los intereses del capital, y la única salida de la burguesía fue vender bajo la farsa de “naciones subdesarrolladas” a los países oprimidos al mercado imperialista, dando como resultado la mágica fórmula del capitalismo: socialización de las pérdidas y apropiación privada de las ganancias.

Así, en el marco de estas contradicciones, la juventud entra a jugar un rol importante, pues le han prometido un futuro que nunca ha existido, un porvenir que el sistema claramente no puede garantizar, por la sencilla razón de que la naturaleza del sistema capitalista es seguir en la lógica de acumulación exponencial de capital. La juventud hoy no tiene condiciones reales para planificar su porvenir y el gobierno de Duque-Uribe ha tomado medidas para profundizar esta situación en medio de la crisis pandémica a través de reformas antipopulares como el Decreto 1174, el cual se considera una reforma laboral regresiva de mayor flexibilización en un país que, para el 31 de agosto, rondaba por el 20% de desocupación según el DANE; o el Decreto 637 que se asume como un paso de reforma tributaria por la cual se reducen los impuestos a los gremios productivos más ricos. También, la apertura indiscriminada de la cuarentena sin garantías para la clase trabajadora y los sectores populares ha generado más descontento, ya que el gobierno está más interesado en salvar empresas, como en el caso de Avianca, que en garantizar la Renta Básica para evitar la multiplicación de trapos rojos que expresan el hambre; o, en la Matrícula Cero para que no haya deserción en la ya restringida educación pública superior del país. En resumen, el paquetazo de reformas a la medida de la OCDE, el FMI y el BM, están galopando contra la juventud y los sectores oprimidos, combinado con una represión feroz. El gobierno es débil ante la mayoría social y suma bastante descontento, por eso las movilizaciones no paran a pesar de la represión y una tendencia de acaparamiento de los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) por parte del partido de gobierno junto a otros partidos de derecha.

Colombia es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, pues el capitalismo en esta crisis estructural de carácter ambiental, económica, política y social, fundamentada en el sobreendeudamiento, viene condenando a nuestros países a una dinámica de deuda pública y privada con consecuencias sociales y políticas. Este proceso es importante para comprender que la indignación y la rabia de la juventud es producto de unas condiciones objetivas profundizadas en el marco del sistema capitalista y si hoy no se sale a poner en evidencia esas contradicciones, será difícil hacer transformaciones sociales a nivel estructural. El desempleo juvenil a nivel mundial asciende cada vez más, siendo este el sector que principalmente ocupa los puestos de informalidad laboral. En este marco, la respuesta de la burguesía, se reitera, es incrementar la política de ajuste que cada vez se hace más insoportable, y para apaciguar la lucha del movimiento de masas que se subleva frente a estas medidas económicas que la condenan más a la miseria, esta despliega tanto su brazo de fuerzas represivas, como las tácticas sistemáticas de asesinato y persecución estatales y paraestatales. El último periodo de lucha del 9 de septiembre es manifestación viva de ello, jornada de movilización que, aunque tuvo un nivel de radicalización, su respuesta fundamental y una de las consignas más agitadas fue justamente el rechazo al aparato policial.

Es importante entonces atar el proceso de análisis de la juventud con las condiciones reales de hoy en el país. El contexto colombiano no se aleja de la crisis capitalista mundial, el gobierno genocida de Iván Duque se encuentra bajo la presión de los organismos multilaterales, con clara injerencia imperialista, en torno a la deuda externa que exige reformas laborales, pensionales y tributarias. Esto no es más que una táctica de estos organismos internacionales para evitar que las crisis económicas de los diferentes países del mundo pongan en riesgo los negocios de las grandes multinacionales imperialistas. Bajo esta lógica crean mecanismos que les permiten asegurar el saqueo de recursos naturales y de la riqueza social de los países dependientes, como lo es Colombia; impulsando, a la vez, políticas hondamente neoliberales que producen un brutal aumento de la deuda externa y generan, en consecuencia, altas cifras de desempleo, aumento de la desigualdad social y un disparo de la pobreza real que tiene que soportar el pueblo explotado.

Lo conocido en el 21N como “El Paquetazo de Duque” fue la arremetida contra la clase trabajadora. Los empresarios, las transnacionales, las multinacionales no dieron su brazo a torcer y empujaron la exigencia de escisiones tributarias, la baja de salarios y la posibilidad de seguir explotando nuestros recursos naturales a partir del extractivismo, todo esto en contra de los sectores más precarizados en Colombia. La única forma que esto tuvo de hacerse fue las políticas de represión, sistematizando el asesinato de líderes y lideresas sociales y pasando por el alto los pírricos de los tratados del proceso de paz.

Este panorama puso al gobierno de turno a privilegiar los intereses del FMI y la burguesía, obviando la responsabilidad de garantizar los derechos sociales en el marco de una crisis sanitaria. Por eso las razones rebosaron para que el pueblo colombiano, en sintonía con la lucha de Latinoamérica, saliera las calles este pasado 9 de septiembre en contra de todas estas políticas que afectan los intereses plenos de la clase trabajadora y los sectores populares.

Relación de políticas imperialistas con el incremento del abuso y la represión policial

Las fuerzas represivas en Colombia se han constituido históricamente como fuerzas contrainsurgentes y contraguerrilleras, o sea, internan una doctrina de seguridad nacional con un expreso carácter contrainsurgente o antisocial que ha mantenido y profundizado el orden burgués existente. Es por esto que hoy ejército, policía y paramilitarismo constituyen una respuesta integral —acorde a los intereses dominantes— a los problemas políticos y militares que tiene el país a nivel interno. Su actuar conjunto ha quedado más que claro, y las jornadas de lucha del 9, 10 y 11 de septiembre lo volvieron a mostrar, haciéndose explícito su actuar unísono esta vez en la capital y en otras ciudades centrales. Su existencia ha sido largamente meditada por quienes ostentan el poder político y por quienes de forma imperialista intervienen en este país como si fuera “su patio trasero”.

Con el copamiento de las más altas direcciones de la policía por parte de exmilitares, el mantenimiento de cuerpos policiales entrenados y desplegados junto a unidades del ejército o que la dirección de la policía recaiga en manos del Ministerio de Defensa en lugar del Ministerio del Interior, profundiza el carácter de una policía altamente militarizada que encarna una doctrina de seguridad ante los distintos levantamientos populares, y que no sabe responder con otra cosa que no sean masacres, desapariciones y torturas. Por esto, la fórmula mal planteada por el reformismo de una “reforma integral a la policía” es un cuento de hadas. Reformar las fuerzas militares en el sentido estricto de la palabra es imposible bajo el ordenamiento jurídico actual, pues este descansa sobre bases corruptas, complacientes de los intereses imperialistas e intervencionistas; tiene una clara tendencia a acumular el poder político en la rama ejecutiva (como acontece actualmente) que sustenta la impunidad de los crímenes del Estado; posee unas fuerzas militares que, prácticamente, se mandan solas y desconocen la división de poderes y a las distintas instituciones del Estado; y, además, cuenta con unas fuerzas policiales que históricamente han sido vitales para las dinámicas del narcotráfico, su exportación y distribución interna. Dicho esto reiteramos, una reforma a la policía o a las fuerzas represivas es una contradicción que sólo será superada por un cambio radical en la estructura económica, política y social.

Ante la crisis, la represión y la miseria: ¡organización democrática, movilización y lucha!

La validez social del uribismo no es la misma de contados años atrás. El país atraviesa por una nueva ola de lucha y movilización que refleja el alto nivel de ilegitimidad que tiene el gobierno Duque-Uribe. La sociedad colombiana tiene mucha energía de lucha que cada vez tiende a radicalizarse producto de la crisis estructural. Sin embargo, este ímpetu característico ha tenido un obstáculo que reprime al movimiento social y le imposibilita desplegarse libremente y así superar el nivel del mero descontento generalizado: el papel de las direcciones burocráticas y reformistas. Estas fuerzas han impedido que en Colombia se dé una real lucha de clases que, de una vez por todas, convierta toda la energía movilizada en victorias reales para el movimiento social. En consecuencia, se ve una juventud que desconfía en los procesos organizativos, una juventud que sabe lo que no quiere ser, pero desconoce lo que debe construir, porque simplemente no existe una dirección revolucionaria definida, porque no hay un programa común construido democráticamente por la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares; porque sencillamente es inexistente una articulación de la clase trabajadora en su conjunto. Es urgente que la sociedad colombiana, en cabeza de la juventud, las mujeres y las disidencias sexuales, sectores de la sociedad altamente dinámicos en las luchas actuales, y en unión con la clase trabajadora y demás sectores populares, luchemos por desmantelar esta farsa y terminar con este estado de cosas, porque sabemos que el gobierno lejos de buscar frenar pactos con el imperialismo se nutre, muy por el contrario, de sus imperativos políticos. Al contrario, construye un aparataje judicial en su interior que responde a las garantías procesales de sus intereses de clase en donde jueces y fiscales siguen siendo elegidos a dedo para cumplir las tareas de la cúpula corrupta de la casta burguesa, y de esta manera, reproducir su accionar sin ningún punto de fuga.

Colombia tiene un sector juvenil extremadamente propositivo en las calles, que comprende que hoy la única salida que tiene para alcanzar y defender los derechos que ha perdido no es con la dinámica de conciliación y concertación que ha planteado el Comité Nacional de Paro ni demás sectores reformistas y retardatarios. La articulación con otros sectores oprimidos y explotados es fundamental para avanzar en una articulación común que permita convocar a un encuentro nacional de emergencia amplio y democrático para que junto a la clase trabajadora se prepare un paro real de la producción como medida fundamental para poder combatir las políticas del gobierno de Duque-Uribe y de los organismos multilaterales.

Por esto proponemos:

1. El No pago de la deuda externa: romper con el FMI y otros organismos de crédito internacionales que buscan profundizar el sometimiento y la dependencia de nuestra economía con el imperialismo estadounidense.

2. El desmonte inmediato del ESMAD. Juicio y castigo a los responsables directos y políticos de los crímenes y masacres ocurridos sobretodo dentro de las fuerzas represivas y el aparato político de la represión, asesinato, masacre, genocidio y violencia de género.

3. Crear y promover espacios asamblearios de discusión y construcción que permitan decidir democráticamente y planear conjuntamente con otros sectores una lucha organizada para ir por el paro general indefinido; que este trabajo mancomunado busque la unidad de clase y proyecte un programa político que profundice tanto el nivel como las formas de lucha. Además, generar desde estos mismos lugares, el desarrollo de mecanismos de defensa para hacer frente a la represión y que esto a su vez aliente la autoorganización de la clase trabajadora y sectores populares.

Con convicción decimos que al régimen autoritario y genocida de Duque y a su política precarizadora: ¡se le combate en las calles con unidad de clase! Que estamos en contra de cualquier política de conciliación de clases y concertación; que lo que necesitamos es: ¡organización democrática, movilización y lucha!


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *