En la Argentina, este nuevo año comenzó con malas noticias para el pueblo trabajador: recesión, nuevos despidos tanto en el Estado como en el sector privado, crece la pobreza y sigue la inflación. A eso se suman los recientes tarifazos de servicios públicos dispuestos por el gobierno macrista, que golpean aún más el ya castigado bolsillo popular. Ante esta situación, que hace crecer la bronca social, explicamos nuestras propuestas de lucha y de salida a la crisis.
La crisis económica argentina es muy profunda. En 2018 la inflación llegó casi al 50% y se estima que este año superará el 30 ó 40% siempre y cuando un descalabro financiero agudo no haga saltar todo por los aires. Casi todas las consultoras y analistas burgueses señalan una perspectiva de default a mediano plazo, en tanto que la caída de la producción ya es inocultable: según los propios índices oficiales[1], cayó un 3.5% del PIB. Por esas razones el “riesgo país” sigue en 700 u 800 puntos, lo que sumado a la incertidumbre electoral paraliza la llegada de las famosas “inversiones”. Así las cosas, los capitalistas extranjeros y nacionales pretenden una nueva reforma laboral más flexibilizadora, pero por la resistencia obrera el gobierno no la ha podido imponer y todavía sigue pendiente.
Por orden del FMI, el gobierno utiliza todo su dinero disponible para pagar deuda pública, cuyo total a fines de 2018 representaba casi un escandaloso 90% del PIB. Este año el gobierno prevé pagar intereses por US$ 15.000 millones, lo que equivale a un 15% del Presupuesto nacional y un 3.6% del PIB. Por eso a fin de año metió mano a US$ 2.300 millones de los fondos de la ANSES (seguridad social) y tiene que bajar los subsidios estatales a las empresas concesionarias de servicios y descargar el ajuste sobre los usuarios. Pero como a causa de la recesión cae la recaudación fiscal -en diciembre cayó un 8% real-, aunque aplique más recortes para achicar el déficit, éste se mantiene.
Encima, tarifazos
El panorama de crisis y estanflación (inflación + recesión) tiene consecuencias sociales directas. Según los últimos datos[2], la pobreza ya alcanza la marca más alta de la década y afecta al 33.6% de la población del país: casi 14 millones de personas están bajo la línea de pobreza. De ese total, 2.5 millones están directamente sumidos en la indigencia, o sea en la miseria. En cuanto a los despidos, suspensiones y reducciones de la jornada laboral, el panorama se agrava día a día. El propio Ministerio de Producción y Trabajo confirmó que en setiembre pasado la industria manufacturera registró 40.045 trabajadores formales menos que en igual mes del año anterior.
En este contexto económico-social tan crítico llegaron los incrementos de las tarifas de servicios públicos, que son un verdadero sablazo a la economía popular: gas 35% desde abril, peajes 33% promedio, electricidad 40% hasta marzo, agua 48.5% hasta mayo, colectivos 38.5% hasta marzo, trenes 40% hasta marzo, subte 45% hasta abril. Y decimos hasta, porque pese al período electoral que se viene el gobierno ya está preparando nuevos aumentos para el resto del año.
Este tarifazo brutal, inflacionario por sí mismo, no sólo afecta a la clase trabajadora, los desocupados y los jubilados -muchos de los cuales ya deben optar entre abonar los servicios o comer menos-, sino también a sectores medios, inclusive de la propia base social del macrismo.
Burocracia sindical: ladra, pero no muerde
El viernes 28 de diciembre se iniciaron las protestas contra los tarifazos en Buenos Aires y otras capitales del país. Desde entonces, y si bien incipientes, todos los viernes en numerosas esquinas de las ciudades se concentran decenas o hasta cientos de vecinos para realizar “ruidazos”. En algunos casos son protestas con genuina participación popular, de las que nuestro partido es parte, aunque en otros casos están más controladas por sectores del kirchnerismo con evidente interés electoralista.
A la vez, mientras la cúpula de la CGT deja pasar los tarifazos y despidos con una pasividad cómplice con el gobierno de Macri y las patronales, el descontento social obligó a un sector de la burocracia sindical (Camioneros y las CTA) a convocar a una “marcha de velas y antorchas” al Congreso el pasado jueves 10.
Como de todos modos dicha acción es insuficiente para frenar la ofensiva del gobierno, desde el MST y nuestra corriente sindical ANCLA marchamos ese día como parte del Plenario Sindical Clasista junto a otras agrupaciones de la izquierda y el clasismo, pero en una columna independiente de los convocantes y exigiendo paro general activo y plan de lucha contra los tarifazos y los despidos.
Con bombos, banderas y pancartas, con Alejandro Bodart y Vilma Ripoll en la cabecera, nuestra combativa columna llegó a Plaza Congreso coreando “¡paro general, paro general1”, lo que fue bien recibido por el público presente aunque no así por el palco de los organizadores…
Reestatizar con control social
Si las tarifas aumentan sin pausa es porque desde las privatizaciones de los años ’90 los servicios públicos de nuestro país están casi todos en manos de empresas privadas, las concesionarias. Desde ya, como medida de emergencia reclamamos el congelamiento de las tarifas y la ampliación de la tarifa social. Pero la luz, el agua, el gas y el transporte son cuestiones esenciales, derechos básicos, no un negocio millonario para cuatro vivos que no invierten ni un peso, reciben subsidios del Estado y embolsan toda la ganancia. El colmo, por ejemplo, es que en zonas del conurbano bonaerense las distribuidoras eléctricas ya han instalado medidores-alcancía, que funcionan a pago directo con tarjeta.
Por eso la verdadera solución pasa por cambios más radicales: rescindir todos los contratos de concesión privada, reestatizar esas empresas sin indemnización y ponerlas a funcionar bajo un estricto control social, con comisiones de representantes democráticamente electos de los trabajadores y los consumidores del sector. Sólo así podremos tener servicios eficientes, accesibles y seguros.
Enfrentar y derrotar el ajuste
Así como lo hicimos en la movilización del 10, los socialistas revolucionarios seguimos exigiendo a las centrales sindicales y motorizando desde abajo la convocatoria a un paro nacional con movilización, que tenga continuidad en un plan de lucha. No hay otra forma de torcerle el brazo al gobierno derechista de Macri y a sus cómplices, los gobernadores del PJ y el kirchnerismo, cuyos diputados le aprobaron a Macri su Presupuesto nacional 2019 y que también aplican ajustes similares en las provincias donde gobiernan.
Asimismo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -espacio unitario que desde el CADHU[3] y el MST integramos junto a decenas de organizaciones populares-, ya ha convocado a una concentración con quema de boletas y acto en la Plaza Congreso el jueves 31 de enero a las 18 hs. Considerando que el agua, la luz y el gas son derechos humanos básicos, llamamos a enfrentar y derrotar todo el plan de ajuste de Macri, el FMI y los capitalistas.
Pablo Vasco
[1] INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 3º trimestre de 2018.
[2] Observatorio de la Deuda Social-UCA (Universidad Católica Argentina), 3º trimestre de 2018.
[3] Centro de Abogados por los Derechos Humanos.