Por: Freiman Páez García
Reproducimos este artículo de nuestro compañero y amif¿go freiman Páez, en el que explica desde una mirada revolucionaria lo qué está sucediendo actualmente en el Alto Apure.
Lo que se está viviendo actualmente en una parte muy pequeña (hablando estrictamente desde el punto de vista territorial) del territorio del alto apure más que certidumbre o respuestas lo que genera es incertidumbre y muchísimas interrogantes. Es una situación para nada puntual porque los elementos e intereses de orden fundamentalmente económicos-políticos son múltiples y de vieja data, por lo tanto, comprenderla, entenderla implica un análisis histórico de cómo y por qué se ha asentado y desarrollado grupos irregulares armados, no solo colombianos, que imponen sus códigos/leyes y el por qué tanto en la democracia puntofijista como en el socialismo corpomilitarista han permitido que estos grupos se hayan fortalecido ante la vista ¿cómplice? del estado venezolano.
¿Qué está pasando en La Victoria del alto apure? Es la pregunta que se hacen muchos compañeros y el país en general. Las opiniones son variadas según el cristal con que se lea. Para la derecha tutelada por los EEUU y compañía, lo que sucede en la frontera no es más que la ratificación de la existencia de grupos insurgentes colombianos, para otros es una lucha por el control del territorio por parte de organizaciones criminales-paramilitares, quienes apoyan al corpomilitarismo la “Operación Escudo Bolivariano” se realiza con el objetivo de detener la avanzada de una posible invasión paramilitar tutelada por los gringos y apoyada en primer lugar, por Uribe – Duque y el grupo que da grima. Mirar el conflicto como algo nuevo es realmente desconocer la dinámica histórica de la frontera.
Desde muchísimas lunas atrás, en la frontera venezolana con Colombia han existido grupos criminales-paramilitares así como también ha sido un territorio donde la insurgencia colombiana ha tenido presencia activa, al respecto el antropólogo y sociólogo Francisco Prada Barazarte “Comandante Arauca” uno de los cofundadores de la guerrilla en los llanos venezolanos nos dice: “Cuando se forma la comisión política-militar de los llanos (…) entendemos el llano como un gran escenario (…) e incluso, lo entendemos como un medio de vinculación directa, física y política con la guerrilla colombiana – la tesis de la continentalizacion-. Lo definíamos como un gran teatro de operaciones en donde había una extraordinaria experiencia del lado del llano, de la guerrilla colombiana (…) conocí además las injusticias, la situación de los llaneros perseguidos, supe de los indios semiesclavos (…)”*.
Es decir, la presencia de la guerrilla colombiana en el llano apureño no es de reciente data como lo quieren hacer creer Uribe-Duque y sus voceros-validadores venezolanos. De igual manera el cuatrerismo, el abigeato, el narcotráfico, el contrabando, el secuestro, el cobro de vacunas y otras formas de la economía del crimen organizado, históricamente se ha movido de un lado a otro en estos 700 kilómetros cuadrados aproximadamente de frontera del Apure con los llanos del Vichada y Arauca de Colombia.
Ahora bien ¿por qué se ha dado esta situación de presencia de grupos insurgentes colombianos y de bandas criminales organizados tanto de Colombia como de Venezuela? Esta situación se genera por la ausencia de una política de frontera que dinamice e impulse el desarrollo de este territorio. El abandono institucional que desde siempre ha sido sometido el territorio apureño y en especial sus cuatro municipios fronterizos casi no ha variado hasta nuestros días.
Los hechos ocurridos recientemente en el alto apure no son más que un reflejo de una situación estructural de vieja data, donde entre otras cosas el ciudadano que hace vida en esta frontera se ve en la obligación de ir a buscar respuesta, “justicia” hasta de sus problemas domésticos en grupos irregulares asentados en la zona porque el Estado hace años, muchos años no cumple su función de proporcionarle seguridad al ciudadano a través de mecanismo eficientes para la prevención del delito y de un sistema de administración de justicia que inspire suficiente confianza en la población, menos aún ha sido capaz de implementar una política de desarrollo integral.
La arbitrariedad y el abuso de poder por parte de policías y militares es algo literalmente permanente desde antes y después de la democracia puntofijista y se ha acentuado durante el régimen corpomilitarista. Esta es una cruda y triste realidad, se ha profundizado en los últimos cuarenta años. El contrabando, el narcotráfico, la trata de blancas, el abigeato, el secuestro, el cobro de vacuna, la red de prostitución de niños y adolescentes encuentran tierra fértil en esta hermosa región llanera, debido precisamente a la ausencia del Estado venezolano.
Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB y supuestos guerrilleros de una facción de las disidencias de las FARC-EP se enmarcan precisamente en este marco de abandono estructural que ha vivido y vive la zona fronteriza del Apure. Desde Puerto Páez, parroquia Agustín Codazzi del municipio Pedro Camejo, hasta Los Bancos, caserío ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez, esta realidad es invariable.
La masacre de militares venezolanos en el sector La Charca, la masacre de Cararabo en 1994, la toma militar del sector Gabarra-Chorrosquero (1997) bajo el argumento del secuestro de un oficial de la armada venezolana de apellido Bastardo Iguaro, la masacre de Las Bocas de Rio Viejo 2011, el enfrentamiento en el sector Tres Esquinas (2020), entre otros condenables hechos, cada uno con características diferentes. Estos hechos tienen dos elementos comunes: el primero; los involucrados son grupos armados irregulares y policías y militares venezolanos, el segundo, es el hecho de que la población civil es la que le ha tocado llevar la peor parte, es el pueblo quien paga los platos rotos. Intereses nada nobles han generado estos hechos.
En los enfrentamientos ocurridos en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez del Alto Apure se repite la historia. La estigmatización, las detenciones arbitrarias, la violación del derecho a la inviolabilidad del hogar, el cacheo casa a casa, el robo a los campesinos de algunas de sus pertenencias por parte de algunos elementos policiales-militares, la prohibición del libre tránsito, el asesinato de civiles, etc,etc, son prácticas tan idénticas a como actuaba el Comando Especifico José Antonio Páez CEJAP comandada entre otros por el general Camejo Arias y López Sisco y el Teatro de Operaciones numero 1 TO1 bajo el mando del general Medina Gómez y otros militares que hoy se presentan como “Generales Junto Al Pueblo”, muy leales y nunca traidores. Se desconoce el número de familias desplazadas hacia el municipio Arauquita del departamento de Arauca, Colombia, así como las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentran quienes no se pudieron desplazar hacia Arauquita.
Bueno, hay una diferencia notable entre el ayer y el hoy, y es el hecho de la existencia de operadores políticos de ambos lados, que defienden y justifican la acción con un discurso “muy revolucionario, bolivariano y chavista”. En el caso de los operadores del corpomilitarismo utilizan “movimientos sociales y ong’s” disque defensoras de los derechos humanos que validan sus prácticas y discursos bajo el manto que en el otrora puntofijista eran referentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y salen al lado de autoridades civiles y militares avalando su práctica pentagonista. Por otra parte hay organizaciones “sociales” e individualidades que condenan la acción del corpomilitarismo con un discurso bolivariano y chavista, otros de manera descarada copian al calco el discurso de la derecha tutelada por los EEUU y compañía y difunden la narrativa de periodistas y propagandistas como Javier Tarazona, Sebastiana Barraez, Luis Borjas, Salud Hernández, Beatriz Galindo, Noticias Caracaol, RCN, los Run-Runes de Bocaranda…
Se han dado otros casos de violación de derechos humanos, donde los “defensores de los derechos humanos”, “periodistas” y agitadores comunicacionales han callado, claro, en esos casos las víctimas han sido gente de a pie, sin vinculación con ningún grupo irregular como es el caso de La Cañada Avileña (2015) parroquia La Trinidad de Orichuna, municipio Rómulo Gallegos y lo sucedido en El Hato Marisela en 2017, parroquia El Samán, municipio Cornelio Muñoz.
La otra verdad es que esos grupos que operan en la frontera, disfrazados disque de revolucionarios tienen una práctica mil veces repudiable, condenable, expresada entre otras cosas en la extorsión, el chantaje, el asesinato de quienes no comulguen o apoyen su accionar malévolamente antipueblo, contrarrevolucionario. En realidad son organizaciones criminales que utilizan un discurso político para justificar sus accionar criminal, por cierto; no son solo organizaciones de origen colombiano las que operan en esta llanura.
Conociendo la cruda verdad, porque solo la verdad es revolucionaria, hay que repudiar sin falso patriotismo la acción criminal recientemente ejecutada en las parroquias Urdaneta y El Amparo del municipio Páez, donde fue destruida las instalaciones de la sede subalterna del Seniat en La Victoria, el hostigamiento a la base militar de protección fronteriza Antonio José de Sucre ubicada en el sector La Osa de La Victoria, el ametrallamiento de un vehículo de Corpoelec en el sector Las Angosturas de la parroquia El Amparo, donde viajaba un grupo de trabajadores que salvaron sus vidas milagrosamente cuando desde la ceja del monte ametrallaron el vehículo donde se transportaban, con el objetivo de restablecer el fluido eléctrico en La Victoria, afectado por la acción criminal de unos supuestos disidentes de las Farc-Ep.
Igualmente hay que repudiar sin vacilación el asesinato de tres militares venezolanos, el uso de minas antipersonales y las presuntas amenazas de volar las instalaciones petroleras ubicadas en el sector La Osa de la parroquia Urdaneta y la Estación Guafita de la parroquia El Amparo, así como el hecho de declarar objetivo militar a todos los puestos militares venezolanos.
El movimiento popular-revolucionario de América Latina y particularmente el venezolano, debe no solo repudiar públicamente a estos grupos, sino también estudiar y analizar concienzudamente tanto el accionar criminal de grupos que se autodenominan de izquierda que afectan severamente con su práctica a la población así como el accionar en contra de la población de una Fuerza Armada que se autodenomina bolivariana y socialista y su praxis no es más que reproductora de la cultura pentagonista aprendida y aprehendida en la escuela de fabricar asesinos, la Escuela de las Américas, expresada no solo en los hechos recientemente ocurridos en la Victoria y caseríos vecinos, sino también en su quehacer cotidiano traducido en el maltrato, la vejación, la estigmatización, el cobro de vacuna permanente en contra de los ciudadanos de fronteras y la alianza de ciertos elementos policiales-militares con organizaciones criminales de distinta índole.
Hay que repudiarlo, estudiarlo y analizarlo porque sin duda, son políticas dirigidas abierta o sutilmente por el imperio y sus aliados para desprestigiar, atacar las organizaciones del movimiento popular y revolucionarias que luchan en toda nuestrAmérica junto al pueblo por la construcción de una sociedad anticapitalista, de una sociedad socialista.
Desde abajo y desde la izquierda se enfrenta el corpomilitarismo y el paramilitarismo!!!
Junto al Pueblo Luchar Hasta Vencer