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El 20 de agosto se puso en marcha el plan de recuperación económica. El preámbulo a estas medidas es una Venezuela que, durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha alcanzado la crisis más profunda en muchas décadas. Hiperinflación de récords históricos; reducción de la capacidad productiva de la petrolera estatal PDVSA; destrucción del aparato productivo nacional privado y estatal; abandono sistemático del campo y la producción agrícola; enormes desembolsos en pago de deuda que han limitado la capacidad de compra de alimentos y medicinas; reducción severa de las reservas internacionales; pulverización del salario y la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras; son algunos de los indicadores de esta crisis sin precedentes.

El gobierno ha puesto en marcha todo su aparato de propaganda, con el único fin de mostrar el plan como algo favorable al país. En primer lugar, trata de ocultar su responsabilidad en la profunda crisis que vivimos, y en segundo lugar canalizar la opinión pública -de manera conveniente- en sólo algunos aspectos. El esfuerzo que pretendemos desde Marea Socialista es motivar un análisis del conjunto de medidas, y alertar que estamos ante una ofensiva que pretende que los trabajadores carguemos con el peso de una crisis que no generamos y que pone en riesgo nuestra soberanía nacional. Por eso llamamos a redoblar esfuerzos en las luchas que en los últimos meses se vienen sintiendo en todo el país.

Para pasar a presentar algunas conclusiones, antes señalamos algunas de medidas que consideramos claves para entender la totalidad del plan:

  • Exoneración del pago del impuesto de importación y tasa por determinación del régimen aduanero.[i]
  • Exoneración de pago de Impuesto Sobre la Renta a PDVSA, empresas filiales y empresas mixtas.[ii]
  • Precio de la gasolina a precios internacionales y subsidio por medio del carné de la Patria.
  • Devaluación de 95,8% en la tasa DICOM quedando la relación en $1 = BsS.60 = Bs.6.000.000, equiparándose así a los marcadores paralelos.
  • Aumento de diversos servicios públicos en la actualidad y probablemente luego de la reconversión.
  • Aumento del IVA de 12% a 16%[iii]
  • Derogación de la ley de ilícitos cambiarios.
  • Aumento de salario mínimo a medio Petro, es decir, BsS. 1.800 = Bs.180.000.000

El plan de recuperación económica no atiende al problema de fondo. La crisis que vivimos es de carácter estructural, alguno de sus aspectos más importantes: La Fuga de más de $500mm[iv]; la reducción de la producción petrolera en más de un millón de barriles diarios en menos de un año; reducción del PIB petrolero y no petrolero; emisión indiscriminada dinero inorgánico; pago de deuda corrupta y no auditada; entre otras. Ninguna de las medidas señaladas por el Gobierno apunta en la dirección de resolver estos problemas, particularmente en la necesidad de reactivación de nuestro aparato productivo. El conjunto de medidas más bien marca un punto de inflexión en el proceso de adaptación a las exigencias del capital financiero internacional. Estamos convencidos que más allá del llamado equipo de “asesores” hay una mesa de negociación con actores internacionales que han intervenido para generar condiciones favorables a su interés, cuestión que consolida la hermandad entre el gobierno del presidente Maduro, el empresariado nacional y trasnacional, profundizando así las paupérrimas condiciones de existencia de los trabajadores en el país, y pone en grave riesgo nuestra soberanía.

Son medidas que forman parte de un rumbo antipopular. Esta crisis no recae en todos los sectores de la sociedad de igual manera, por eso hemos dicho y lo sostenemos: ¡Que la crisis la paguen quienes la provocaron!. Pero el gobierno, muy a pesar de su retórica “obrerista” con estas medidas carga las consecuencias de la crisis en la gran mayoría del pueblo venezolano, el pueblo trabajador, el aumento de impuestos regresivos como el IVA y la reducción de impuestos a empresas privadas nacionales y trasnacionales, el aumento progresivo de servicios, entre otros, así lo demuestran.

El conjunto de las medidas favorece a los negocios de la cúpula gobernante con empresas nacionales, compañías extranjeras y sectores del capital financiero internacional, que dejan a un lado las “diferencias” ideológicas con el gobierno ante el deseo de multiplicar sus ganancias

Dado el rumbo y la magnitud de estas decisiones, el Gobierno nacional se ve en la necesidad de decretar un aumento de salario mínimo para tratar de esconder el fondo sustancial de su paquete: La apertura del país al capital internacional en vulneración de nuestra soberanía.

Salario digno es el que alcance para cubrir la canasta básica. Según la tabla 1 el salario mínimo al comienzo del gobierno de Nicolás Maduro equivalía a unos $147,64, para los días previos al reciente decreto de aumento salarial de Maduro esta equivalencia habría caído a solo $1,03 representando una caída en más de 7000% en cinco años. Según la recopilación de datos acerca de los salarios mínimo de América, Venezuela estaría ocupando el lugar más bajo, muy lejos de la más alta que ronda en los $700.

El reciente decreto en el marco del plan de recuperación económica el Gobierno Nacional, ubica el salario en medio Petro, es decir, BsS 1.800. Basándonos en las tasas oficiales que implican una devaluación de más de 90%, el salario quedaría ubicado en aproximadamente $30, y a pesar de esto, aún Venezuela sigue ubicado como el país con el salario mínimo más bajo de América.

Sin ánimos de desmeritar el comentado aumento, rechazamos profundamente la propaganda emprendida por el gobierno para situarlo como una gran conquista. No es así, porque la magnitud del deterioro salarial bajo su gobierno no tiene parangón, y como afirmamos más arriba, seguimos siendo el salario mínimo más baja en el continente.

Por otro lado, reiteramos el derecho constitucional (Art. 91) que indica a la canasta básica como referencia para la definición del salario mínimo en el país. A pesar de la inexistencia de datos oficiales, es sabido que la Canasta Básica actualmente sobrepasa por mucho los BsS 1.800. Desde Marea Socialista ratificamos la exigencia al Gobierno Nacional para que publique oficialmente el valor de esta canasta, y por otro lado mantenemos una postura firme en seguir acompañando y organizando las luchas para alcanzar el salario que realmente merecemos la mayoría trabajadora de nuestro país, y seguiremos insistiendo con el amparo constitucional introducido ante el TSJ para que se cumpla el Artículo 91 de la CRBV[v].

En el marco de este gobierno no hay solución de la crisis a favor de los trabajadores. No hablamos sólo de las medidas del 20 de agosto, hablamos de todas las previas que van en la misma ruta: Entregar nuestra soberanía a través de la conformación de Zonas Económicas Especiales y el desarrollo de proyectos como del Arco Minero del Orinoco; cumplir fielmente con el pago de la deuda externa señalada de ser ilegítima e ilegal; no tomar medidas efectivas ante el desfalco continuado, ni garantizar acciones para la repatriación de dichos capitales; asimilarse con un conjunto de medidas a las exigencias del gran capital internacional; todo en detrimento del pueblo trabajador y la clase obrera.

La tarea fundamental en este momento de la coyuntura es acompañar a los trabajadores movilizados por un salario que alcance para cubrir la canasta básica, una lucha que debe transformarse en unidad política para resistir el paquetazo empobrecedor del gobierno, discutir propuestas económicas que vayan en favor de los trabajadores y el pueblo en lugar de beneficiar a la burocracia y sus socios capitalistas, y construir una nueva alternativa política que nos permita generar otra opción de gobierno.

¡Organízate y lucha con Marea Socialista!