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Tuitazos por la liberación de trabajadores presos por luchar o hacer reclamos laborales, vienen aumentando su frecuencia y marcando tendencia en las últimas semanas. Sus organizadores concurren en una unidad diversa y dicen que continuarán configurando lo que podría convertirse en una gran campaña sostenida, nacional e internacional contra la criminalización y judicialización de la lucha sindical y laboral, así como contra sus instrumentos; entre ellos, la aplicación de la Ley Contra el Odio.

En ese contexto este jueves 25 de junio 2020, Marea Socialista se unió a la etiqueta #LiberenALosTrabajadoresPresos en continuidad de la demanda de que se ponga fin al encarcelamiento, hostigamiento y persecución de activistas laborales, en el marco de la articulación de las luchas por la defensa del trabajo, la vida y los Derechos Humanos, políticos y democráticos de las familias trabajadoras y del pueblo venezolano.

Se trata de un tuitazo que las y los organizadores destacan haber sido hecho “a pulmón y desde la base”, por cuanto fue expresión de la participación voluntaria de tuiteras y tuiteros activistas laborales y de izquierda o simplemente defensores de los derechos democráticos de los trabajadores, que no contó con promoción de medios privados ni oficiales, ni con centros de operaciones y redes clientelares de tuiteros por encargo, ni de robots.

Este movimiento diverso de sindicatos, movimientos populares y corrientes del llamado “chavismo crítico” o de oposición de izquierda a las políticas del gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, viene concurriendo también con tuitazos en torno a demandas salariales (#SalarioIgualAlaCanastaBásica según el Art 91 de la CRBV ) y en contra de reglamentos antilaborales como el Memorando 2792, que viene siendo aplicado por el Ministerio del Trabajo contra las convenciones colectivas y otros derechos, con una tendencia muy regresiva respecto al período de la presidencia de Chávez e incluso de los gobiernos de la IV República, considerada realmente demoledora de las conquistas más elementales del movimiento obrero en Venezuela.

Esta confluencia unitaria se da en la práctica sin que existan necesariamente compromisos políticos, alianzas o acuerdos programáticos entre los factores, ya que es exclusivamente en un marco “clasista” de defensa de los trabajadores ante la represión y violación de sus derechos.

La lista de trabajadores presos incluidos en esta oportunidad para el tuitazo, con el pedimento de libertad, fue la siguiente:

  • Rodney Álvarez quien lleva 9 años privado de libertad, acusado del crímen ejecutado por un sindicalista de la burocracia oficial en plena asamblea de ferromineros, públicamente conocido y con testimonios de obreros que incriminan a esta otra persona.
  • Rubén González de Ferrominera del Orinoco, detenidos injustamente por actividades en defensa el salario.
  • Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, trabajadores gerentes de PDVSA presos y torturados (según señalan sus familiares), sin juicio, después de realizar denuncias contra la corrupción.
  • Darío Salcedo, dirigente sindical de Insopesca, detenido por expresar su desacuerdo con el aumento exorbitante de las bolsas de alimentos para los trabajadores (por encima del costo de varios salarios).
  • Marcos Sabariego, trabajador de PDVSA cuyo “delito” fue participar en una asamblea de trabajadores y exigir reivindicaciones laborales.
  • Bartolo Guerra, dirigente sindical de PDV Marina, detenido por denunciar la corrupción en la empresa y promover la organización y lucha de los trabajadores.

En algunos casos se les aplicó la Justicia Militar, en otros la ya odiosa “Ley Contra el Odio” que se ha vuelto una especie de “comodín” para todo tipo de acusaciones; en otros la medida de prisión es completamente al margen de procesos judiciales y parecen responder a retaliaciones aplicadas a través de autoridades o de conexiones institucionales y policiales de los interesados en aplicar castigos a los obreros rebeldes, de acuerdo con el conocimiento que se tiene de cada uno de los sindicalistas y trabajadores encarcelados por encabezar protestas, organizar o acudir a asambleas, o por hacer reclamos rutinarios.


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