Manifestamos total repudio a la tortura, al asesinato de detenidos, los encarcelamientos en condiciones indignas y tratos crueles, las violaciones al debido proceso, las detenciones arbitrarias, la persecución política y la represión generalizada contra el pueblo. Dos casos han estremecido en los últimos días a la opinión venezolana e internacional: la tortura y muerte criminal de un militar detenido en la DGCIM (responsabilidad de la FANB y del gobierno) y la penetración de los ojos de un adolescente por una descarga de perdigones a mansalva, ejecutada por cuerpos represivos del Estado (Poli-Táchira). El Estado burgués muestra su condición represora y violadora de derechos, sea cual sea la administración que lo dirija.
La tortura y muerte del Capitán (R) Acosta Arévalo bajo custodia de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), independientemente de las razones de su detención, es una muestra del grado de degeneración de la seguridad del Estado en Venezuela, al margen de la Constitución, leyes y convenios de Derechos Humanos. Se han conocido denuncias de torturas a otros militares acusados por actividades golpistas, como la Capitán Emmy Da Costa, el Capitán Caguaripano y el Coronel Mejías Laya, entre otros. No hace mucho del escándalo con el “suicidio” simulado del concejal Albán, opositor detenido en el Sebin.
El otro suceso que ha causado conmoción, casi enseguida de la muerte de Acosta Arévalo, es el vaciamiento de los ojos y privación de la vista a al jovencito Rufo Chacón, al dispararle a la cara perdigonazos, en una arremetida bestial de la policía en Táchira, contra una protesta comunal por la falta de gas doméstico. Este muchacho debe ser atendido por el Estado en todos los requerimientos de salud y debe ser indemnizado de por vida por la mutilación que le han causado, más allá del castigo de los responsables inmediatos. Las violaciones de derechos humanos son obra del Estado burgués en su conjunto, a distinto nivel, trátese de órganos centrales, de órganos regionales o municipales de seguridad, estén administrados por el gobierno o por la oposición; pero sobre todos ellos está la responsabilidad del Ministerio de Interior y Justicia, del Gobierno Nacional como tal y de las instituciones integrantes del Poder Moral. Los jefes de los cuerpos policiales a los que pertenecen los agentes autores del hecho deben ser destituidos de sus cargos, como lo exigen los familiares de la víctima, y debería revisarse toda la cadena de mando que permite que estas barbaridades sigan ocurriendo una y otra vez. La sociedad venezolana debe poner de manera urgente a todos los organismos policiales y de seguridad en exhaustiva revisión.
El Estado ejerce su rol como instrumento de dominación
El Estado, en primera reacción, suele negar u ocultar los hechos, para luego ofrecer “investigación exhaustiva, hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga”, pero casi siempre termina “haciéndose el loco”. Y si hay mucha presión es imputado alguno que otro funcionario, como si no hubiese responsabilidades institucionales ni autores intelectuales; quedando todo como “excesos”, hechos aislados” o “abusos” individuales… pero que al poco tiempo se repiten. El Fiscal General acaba de imputar a funcionarios presuntamente involucrados en la muerte del capitán por “homicidio preterintencional”, sin mencionar como causa la tortura.
Estos acontecimientos hace tiempo que son la regla y verdadero protocolo de las policías y de la GNB a las órdenes del gobierno, que no tienen nada que ver con el “orden democrático” y mucho menos con el “socialismo”. El presidente de la República, con un lenguaje inapropiado, dijo en el acto de premiación del Día del Periodista, que los detenidos en la DGCIM estaban “cantando como Pavaroti”. ¿Al son de qué “música”?
Mientras ocurre esto en el campo político, en el social el pueblo es reprimido por hacer reclamos justos. Hay testimonios de familiares y vecinos de cómo se arremete indiscriminadamente y se practican ejecuciones extrajudiciales, sobre todo a través del FAES, como forma usual de actuar frente a la presunta delincuencia, llegando incluso a asesinar (“dar de baja”) a los “objetivos” frente a sus madres, padres, cónyuges e hijos, dentro de sus hogares; aunque luego el reporte hable de “enfrentamiento” callejero.
Policías y militares son señalados por el pueblo por la “matraca” en alcabalas, acciones de extorsión y chantaje, cobros de “peaje” y “vacunas”, decomisos ilegales, abusos de todo tipo e involucramiento en otros hechos delictivos. La represión y los abusos no son sólo contra la oposición política; también hay uso habitual del sistema judicial y carcelario para la industria del secuestro y la extorsión. No pocos de los otrora “colectivos” han sido transmutados como paramilitares que intervienen en la acción represiva, con evidente auspicio gubernamental o de algún sector burocrático con alto poder. Esto es “vox populi”; es lo que se dice en la calle, lo que se cuenta en el barrio, lo que se comenta en familia, lo que rueda por las redes sociales…
Desde las entrañas del Estado ha venido proliferando el virus represor y destruyendo su conexión popular, característica de las primeras etapas del proceso bolivariano. Todavía nos preguntamos por Alcedo Mora, desaparecido forzado. Recordamos las arremetidas contra los Yukpa del Cacique Sabino. También se ejerce la represión, en mayor o menor intensidad, sobre activistas obreros, populares y campesinos que protestan contra las prácticas patronales del gobierno y sus políticas. Ahí está el caso del ferrominero Rodney Alvarez: encarcelado sin juicio por muchos años y ahora con un proceso muy dilatado, cuando existen testimonios colectivos que señalan al verdadero victimario de un crimen que se le achaca como retaliación por su lucha y para el encubrimiento de alguien perteneciente al sindicalismo oficial. Otro dirigente de los ferromineros, Rubén Mendoza, ha ido a prisión por sus acciones de protesta. No podemos olvidar, mucho más atrás, el caso de la Mitsubishi; asesinato a quemarropa de obreros dentro de la planta automotriz en 2009, por la policía de Anzoátegui, durante la gestión como gobernador del hoy Fiscal General.
Las protestas sociales y políticas en años anteriores y en 2017 han dejado decenas de muertos y centenares de heridos, que no se justifican como precio de la contención de la violencia opositora en las calles, porque desde hace tiempo hay sobradas razones para protestar en Venezuela. Esa no fue exclusivamente una represión selectiva contra criminales de la derecha que en el medio de las guarimbas quemaron a personas, sino que fue ejercida de manera indiscriminada.
Nos quedamos cortos en los ejemplos. Y mientras ocurren estos sucesos, muchos medios en los que se ventilan estas denuncias permanecen bloqueados arbitrariamente por el Estado, como es el caso de la página popular-alternativa Aporrea y otros portales digitales.
De modo que estamos frente a un comportamiento que se ha venido normalizando en el país; un formato represivo con el que se actúa o se deja actuar, y sobre el cual, el gobierno no puede soslayar su responsabilidad o negar que es resultado de su conducción. Y esto no es otra cosa que el establecimiento de un Estado policial-militarizado y corrompido, que se ha colocado por encima de la institucionalidad democrática y de toda regulación legal. Se trata de todo un hilo de conducta que suma ya numerosos casos y que denota una política de Estado, que viene instituyendo de nuevo en Venezuela las prácticas torturadoras y asesinas contra las que se ha levantado nuestro pueblo en distintos capítulos de nuestra historia, aunque hoy el gobierno lo haga con la excusa de enfrentar la conspiración o de enfrentar al imperialismo.
Pudiéramos exigir una profunda limpieza y reestructuración de esos cuerpos represivos, pero sería inútil, porque el daño es de raíz y está ligado al carácter Estado venezolano y muy particularmente al perfil que ha venido cobrando bajo la actual dirección política y militar que lo maneja, que en lugar de despojarse de la herencia represiva de la IV República, ahora la reproduce con creces. No puede ser de otra manera cuando el Estado sigue siendo un instrumento de la dominación y opresión de clase. Porque, a lo largo de lo que conocimos como revolución bolivariana (hoy liquidada y extinta por obra del reformismo, la corrupción y la traición), la clase trabajadora y el pueblo no conseguimos establecer y consolidar el poder popular, dando paso al despojo totalitario por una nueva casta o clase, que se mezcla con otros sectores de la burguesía y con el capitalismo global.
No se justifica en ningún caso la violación de derechos
Estamos absolutamente en contra de quienes organizan golpes de Estado o promueven la invasión del país con llamados a Trump, pero rechazamos contundentemente el uso de la tortura, los tratos crueles y degradantes, y los asesinatos, como método para manejar los presuntos casos de conspiración golpista e incluso de “terrorismo” y planes magnicidas. Nada le es permisible al gobierno y sus agentes por fuera de las garantías que establece la Constitución venezolana. La presunta participación en hechos de terrorismo, conspiración, preparación o intentonas de golpes de Estado no justifica que el gobierno viole el debido proceso y los derechos humanos. Pero no sólo se usan tales prácticas o acciones similares en estos casos. Constituyen una forma recurrente del Estado y del Gobierno para confrontar a la oposición política del signo que sea y para perseguir a la disidencia. Igualmente es injustificable y condenable la represión violenta y armada contra las protestas del pueblo oprimido y lacerado por la crisis.
La represión arrecia porque hubo un “Golpe de Timón” al revés y estamos ante un gobierno “estalinoide”, de derecha
Es también una de las respuestas típicas hacia los que denuncian y se revelan frente a lo que ha terminado siendo un “Golpe de Timón” al revés, con giro pronunciado hacia otra versión de la política de derechas, bajo el ropaje retórico de un “socialismo” de mentira. Es lo que aplica la burocracia desde el poder, al servicio de roscas militares, mafias y circuitos de la economía delictiva, desfalco a la nación, destrucción del marco de derechos laborales, creación de mano de obra semi-esclava, entrega de recursos al extractivismo depredador y cesión de soberanía a los imperialismos emergentes, así como privatizaciones soterradas, entre otras manifestaciones propias de una contrarrevolución, que es lo que tenemos encima en la actualidad.
En unos y otros casos de violaciones de derechos, las “investigaciones” generalmente no resuelven nada si están involucrados militares, policías o altos funcionarios. Raras veces aparece algún “chivo expiatorio” para contener la presión pública. Por ello, se requiere de investigaciones independientes, con amplia participación y composición plural, incluyendo a expertos y organizaciones de derechos humanos, que indaguen e informen con apego a la Constitución, a las leyes venezolanas y a los convenios internacionales que rigen la materia.
La impunidad y la negociación política
Lo que predomina es la impunidad, pero también el uso de los presos como cartas de negociación política, cuando vemos que en medio del “diálogo” entre el gobierno y la oposición de derecha, extrañamente, se fuga Iván Simonovis, autor de graves violaciones de derechos humanos, como los asesinatos de Puente Llaguno por los que fue enjuiciado quien fuera jefe de seguridad de la Alcaldía Mayor cuando el golpe de abril de 2002. Se deja ir a quien personifica el talante violador de derechos que caracteriza a la tradicional derecha venezolana empeñada, por la vía golpista e intervencionista, en recuperar el poder.
Por razones “tácticas” y por las presiones imperiales, la “justicia” se aplica de forma discriminatoria: ponen presos y torturan a militares presuntamente golpistas, pero no se meten con Guaidó, a pesar de estar involucrado en delitos igualmente graves o más graves, pues no está preso por intentar un golpe de Estado ni por “autorizar” la invasión del país, apelando a la condición de “presidente” autoproclamado. Como es parte de la negociación y hay una amenaza imperial, a él no lo tocan, por el momento.
Un llamado a las organizaciones sociales y políticas para la defensa de los derechos humanos y democráticos
Por todo lo anterior, hacemos un clamoroso llamado a que las organizaciones sociales y políticas ligadas a la clase trabajadora, comunidades y campesinos, a las corrientes políticas que se consideren realmente revolucionarias, a que asumamos con determinación la denuncia activa de toda represión, tortura, asesinatos, desapariciones y encarcelamientos arbitrarios. Igualmente lo hacemos para la defensa de la libre comunicación. Nos proponemos también realizar campañas internacionales, junto a otras organizaciones revolucionarias del mundo, por la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas en Venezuela, que deben realizarse sin permitir manipulaciones al servicio de otras elites de poder y de quienes las usan para justificar planes intervencionistas o de invasión imperialista contra la soberanía venezolana.
Es preciso denunciar que las acciones golpistas, conspirativas y aventureras que monta la derecha clásica y el grupo de Guaidó, e incluso las negociaciones secretas al margen del pueblo, lo que traen es más represión y dan excusas para la continuidad de los abusos del gobierno. Y mientras ellos negocian, no entra en agenda la suspensión de la aplicación de medidas de ajuste que descargan la crisis sobre el pueblo y sobre los trabajadores, mientras los grandes empresarios y especuladores se aprovechan de lo que hace el gobierno para profundizar el capitalismo salvaje en Venezuela.
Este Estado es irreformable y hay que crear una nueva correlación de fuerzas del pueblo para destruirlo y reemplazarlo con la clase trabajadora al frente
El Estado burocrático lumpen-capitalista y neo-burgués, surgido de la captura de la renta por el poder político y militar, no puede hacer más que reproducir o empeorar los vicios de la IV República y los regímenes opresores que han sojuzgado al pueblo venezolano. Este Estado y sus administradores corruptos, burgueses y burocráticos, no tienen remedio, no son reformables en esencia. La burocracia neo-burguesa, devoradora y despilfarradora de la renta nacional, que teje una madeja mafiosa en las instituciones y en la economía, es destructora de toda expresión real de poder popular, de los derechos democráticos y libertades, del trabajo y de los derechos laborales, de la libertad de información y expresión, de la educación y la cultura, de la vida social, de toda sintonía con el bien común. Estos nuevos ricos y la vieja burguesía, que aspiran a retomar el poder con fines equivalentes, deben ser reemplazados por un Estado Democrático de los Trabajadores y el Pueblo, a través de la lucha revolucionaria de la clase asalariada, trabajadora y profesional, los sectores populares, campesinos e intelectualidad comprometida.
Para eso es imprescindible la reorganización autónoma, social y política, de los trabajadores y el pueblo; potenciar la capacidad de movilización en torno a las demandas obreras y populares, a la defensa de los derechos humanos y democráticos, así como de la soberanía nacional frente a las potencias e intereses imperialistas que negocian el país con la burocracia y el capital. Una tarea que abordamos desde la construcción de Marea Socialista como referencia política de clase y en la articulación unitaria de la resistencia frente a la crisis provocada por los desfalcadores, los explotadores y los apetitos semicoloniales que se ciernen sobre los recursos de los venezolanos.
El crimen y la impunidad tienen instrumentos ejecutores directos y autores intelectuales, responsables políticos. Los segundos no pueden investigar ni castigar a todos los primeros porque son parte de la misma trama a diferentes niveles. Si le exigimos a los organismos del Estado que asuman las funciones que les impone la Constitución, es para emplazarlos y forzarlos, desde la acción popular y ciudadana, dirigida a frenar los desmanes, pero sin expectativa alguna de enmienda de quienes han adoptado el rol de servidores de una casta opresora burocrático-militar, de una clase tan explotadora como la burguesía clásica que les disputa el control. Si no lo cambiamos nosotros como pueblo, esto no tiene otro destino que someternos a condiciones aún peores de degeneración.
Por ahora, frente a lo que estamos presenciando y sufriendo en estos momentos, nos toca reavivar la capacidad de indignación; nos toca levantar las voces airadas y plantarnos en protesta, organizándonos y reactivando sin temor el ejercicio contralor independiente de la propia ciudadanía, para defendernos de los exabruptos y abusos del aparato del Estado delincuente. Es necesaria la unidad orgánica y movilizada en la defensa de nuestros derechos humanos y democráticos, y crear desde ahí la correlación de fuerzas populares, con conciencia e intereses propios, que es requerida para los cambios trascendentes que sólo pueden lograrse con una nueva revolución en Venezuela.