Marea Socialista
Una vez más el pueblo venezolano ha sido víctima de un mega apagón de proporciones y consecuencias similares a los ocurridos en marzo y abril de este mismo año, afectando desde la tarde del lunes 22 de julio 2019 a casi todo el territorio nacional. Por largas horas volvieron a quedar sin luz numerosas localidades, con las conocidas repercusiones de carácter económico, social, comunicacional y humanitario, aunque algunas regiones de Venezuela vienen soportando esto de manera intermitente y prolongada, como sucede en el Estado Zulia y en otros estados del interior del país.
Pese a todas las medidas preventivas y de contingencia, estos mega apagones afectan gravemente y en muchos casos de manera trágica el funcionamiento de los servicios de salud, el suministro de agua, sectores del transporte, como el Metro, y otros servicios esenciales, la telefonía y las comunicaciones, la seguridad ciudadana y, por supuesto, la producción, además de ocasionar daños a equipos domésticos de las familias. Son en sí una catástrofe.
Las repetidas interrupciones de la transmisión eléctrica en Venezuela tienen razones técnicas y operativas relacionadas con las condiciones de los equipos y la capacidad del sistema que a su vez ofrecen flancos débiles aprovechables por quienes puedan estar interesados en sabotear, y la oposición de derecha, golpista y partidaria de la invasión del país, sabemos que no tiene prurito alguno en prestarse para ello, pues busca sacarle provecho al sufrimiento de los venezolanos.
Es difícil concebir que los Estados Unidos tenga la capacidad de usar armas electromagnéticas capaces de suspender el suministro eléctrico de todo un país y en grandes extensiones geográficas cada vez que se le antoje, por lo que, sin descartar el compromiso con posibles acciones de sabotaje, la versión del gobierno resulta poco creíble y huele a manipulación de conveniencia. Para dilucidar esto se requeriría de una profunda contraloría social e investigación técnica, ejecutada de manera independiente del gobierno y de la oposición política, en la que los propios trabajadores, técnicos y profesionales del sistema eléctrico nacional debería jugar un papel primordial.
Ya hemos manejado, en otros pronunciamientos de Marea Socialista, la propuesta de una Comisión Investigadora Independiente, y la que le hacemos a los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico de que evaluemos y encontremos soluciones alternativas a la crisis eléctrica y a los apagones, porque son los trabajadores, técnicos y profesionales de la electricidad quienes conocen el sistema de generación, transmisión y servicio, y porque reflejan los intereses del pueblo que la burocracia ya no puede interpretar. ¿Quiénes mejor que ellos para diagnosticar la situación, recomendar y aplicar las medidas que sean necesarias, bajo su propio control?
Venimos afirmando que necesitamos un plan de emergencia que comience por un diagnóstico veraz y conduzca a una replanificación del sistema eléctrico, donde la clase obrera electricista, técnica y profesional del área, capacitada para ello, evalúe el estado y las vulnerabilidades del servicio, para que luego se proponga, junto a las comunidades afectadas, un nuevo plan bajo propiedad pública y estatal, bajo la dirección de sus trabajadores y con el control social de la población, en lugar de la incorregible ineficiencia y la corrupta gestión de la burocracia gobernante.
Los trabajadores y dirigentes sindicales mismos han denunciado en numerosas oportunidades la calamitosa condición del sector eléctrico. La falta de personal calificado a causa de la precarización de los salarios de los trabajadores y de la emigración también agrava el problema. La burocracia y la corrupción, junto con la manipulación política son el principal obstáculo para esclarecer lo que sucede ante la ciudadanía. Pero resulta vergonzante que desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CSBT), desde la dirigencia sindical del sector, desde los movimientos sociales y corrientes políticas del chavismo que han comenzado a criticar con más frecuencia e intensidad las conductas del gobierno, no aparezcan denuncias y opiniones firmes respecto a este problema tan grave como el de los mega apagones y sus consecuencias, la falta de información confiable y la carencia de perspectivas de solución. El silencio convierte en cómplice por omisión o por alcahuetería al que, teniendo una responsabilidad frente a este asunto, calla y hasta se presta para justificar al gobierno.
Sabemos que las cúpulas políticas y económicas están envueltas en su disputa por el poder y sólo usan los problemas del pueblo para el escándalo mediático. Por eso, desde Marea Socialista y desde el seno de Trabajadores en Lucha como espacio de articulación combativa, reiteramos el llamado para que asumamos nuestro papel en el ejercicio de la contraloría social como derecho irrenunciable, ante tan graves circunstancias, y que nos pongamos a disposición de los trabajadores y trabajadoras de la electricidad para discutir y hacer todo lo posible para resolver esta crisis.
Una de las iniciativas puede ser la convocatoria de foros y asambleas a las que concurran trabajadores del sector eléctrico, de otros sectores laborales, así como los movimientos sociales y políticos, y las comunidades, para discutir sobre un tema que nos atañe a todos y a todas como ciudadanos y ciudadanas, como víctimas y como parte de un poder popular que debe ser recuperado y reconstituido para la lucha.
De esos foros y asambleas deberían surgir actividades de movilización. Tenemos derecho a acudir a Corpoelec y al ministerio del área o a las instancias superiores del Gobierno Nacional, para exigir explicaciones, información, supervisión y participación. También tenemos derecho a que con estas iniciativas democráticas y de movilización obrera y popular pueda surgir la formación de una Comisión Investigadora Independiente, para dilucidar los hechos y para dotarnos de un Diagnóstico y Plan Obrero y Popular de Recuperación del Sistema Eléctrico, aunque estamos conscientes del marcado talante autoritario de un gobierno que patea todos los derechos constitucionales de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo.