12 de octubre de 2020.- Recientemente, la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente aprobó un proyecto de “Ley Antibloqueo”, presentado por el gobierno nacional el pasado 29 de septiembre, en el que se le otorgan poderes extraordinarios al Ejecutivo para dejar sin efecto toda una serie de derechos del pueblo venezolano y de interés nacional establecidos en la Constitución Nacional. Entre otras cosas, le permitiría manejar a discreción y en secreto los activos del Estado nacional.
Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente esta ley leonina y antidemocrática que lesiona los derechos de los trabajadores, trabajadoras y el conjunto del pueblo venezolano. Es un proyecto para dar paso a privatizaciones en masa y a gran escala, con las previsibles consecuencias de una mayor explotación de la mano de obra y desconocimiento de las contrataciones colectivas. En los hechos se entrega la soberanía y se vulneran los territorios.
Para peor, la aprobación se hizo “express”, sin ninguna discusión de la misma por el pueblo venezolano, y ni siquiera por el propio organismo en cuestión. A los miembros de la ANC no les fue facilitado el proyecto a votar; se les negó acceso al mismo a quienes hicieron reiteradas solicitudes para conocerlo previo a la votación; teniendo así sólo acceso a escuchar una lectura del mismo en el propio momento de la votación, e incluso, a varios de estos se les colocaron obstáculos para poder asistir a la sesión, llegando al hecho insólito de impedir la entrada al recinto de votación a varios miembros de ese organismo.
Este instrumento no sólo pasa por encima de los procedimientos establecidos en la propia Constitución, sino que además, con el pretexto de enfrentar las sanciones impuestas arbitrariamente por el gobierno estadounidense, le confiere todo género de facilidades a la inversión privada nacional y extranjera (Art. 27); modificando el marco legal vigente para promover una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero del Orinoco, así como legalizar y expandir la comercialización de gasolina al sector privado (Art.27 y 28).
Mediante esta ley el gobierno tendría facultades discrecionales para suspender la vigencia de leyes (Art. 17 y 18), teniendo las manos libres para celebrar tratados internacionales, manejar, ceder o entregar activos públicos, y crear fondos separados del Tesoro Nacional, manejados con independencia del Presupuesto Público (Art.16).
Con esta ley el Estado venezolano renuncia al derecho a someter los litigios a la jurisdicción nacional, remitiendo tales disputas a tribunales extranjeros, es decir, a los controlados por lo general por los países de donde son oriundos los capitales transnacionales. Se podrían revertir nacionalizaciones, devolviendo bienes que hayan sido objeto de alguna medida ejecutiva, legislativa o judicial o de suspensión de concesiones (Art. 27), además establece la confidencialidad de procedimientos realizados por el Estado, eliminando el acceso público a la información (Art. 14, 34 y 35). Incluso, propone penalizar a quienes insistan en el acceso a estas informaciones de interés nacional y público (Art. 36).
El argumento del Ejecutivo para esta ley son las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Quienes suscribimos este llamado estamos absolutamente en contra de esas sanciones y agresiones de claro corte imperialista, las cuales profundizan las penurias del pueblo venezolano. Rechazamos tajantemente toda la serie de confiscaciones de bienes nacionales, congelación de activos, embargos y sanciones diversas que los Estados Unidos y diversas potencias europeas le han impuesto a Venezuela. No le otorgamos el más mínimo derecho a estas naciones a imponer sanciones a nuestro país ni arrebatarle bienes. Exigimos el cese inmediato de todas esas agresiones y medidas “coercitivas”.
Precisamente por esta posición de firme defensa de los intereses nacionales y del pueblo venezolano, rechazamos la ley en cuestión y la manera en que ha sido “aprobada”. Los abajo firmantes, en base a los artículos 62, 71, 74 y 236 de la Constitución Nacional, exigimos que, tratándose de un tema de suma trascendencia nacional, sea sometido a la más amplia discusión nacional y consulta popular, concluyendo este proceso en un referendo abrogatorio, para que el pueblo venezolano, el sujeto real afectado directamente en múltiples aspectos por esta ley, tenga la ocasión de dar su veredicto sobre la misma. Un referéndum que debe ser convocado y garantizado con plena libertad de organización y control de las organizaciones políticas y sindicales, espacios en la televisión y radio, y sin ninguna persecución.
Consideramos de primer orden la organización y movilización obrera, campesina y popular para exigir este derecho fundamental e inalienable del pueblo venezolano. Que el pueblo decida. Llamamos a las diversas organizaciones sindicales, populares, campesinas, corrientes políticas e intelectuales comprometidos con la defensa de los intereses del país y de sus mayorías populares, a que juntos pongamos en pie un movimiento nacional que promueva una amplia y unitaria movilización democrática y popular con estos objetivos, para frenar la aplicación de esta ley, profundamente lesiva a los intereses del pueblo, las trabajadoras y trabajadores venezolanos.
Para firmar el petitorio como individualidad u organización, se puede entrar al siguiente formulario en Google:
Primeras firmas
Marea Socialista (MS)
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Unidad Socialista de Trabajadores (UST)
Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Sirtrasalud Distrito Capital
Colectivo Cultural Toromaima