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La bestial crisis económica, política y moral que atraviesa Venezuela ha hundido no sólo las condiciones de vida y de trabajo de sus millones de ciudadanos, sino también los programas políticos que aparentemente se enfrentan a muerte en un escenario altamente polarizado. Es la hora de los lacayos. Ambos bandos enfrentados se colocan al servicio del gran capital multinacional, como ofertantes de la libre explotación de nuestras enormes riquezas naturales.

La derecha pitiyanki, antes agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y ahora dispersada en torno a Juan Guaidó, escenifica una estrategia que desde el extranjero intenta producir un cambio de gobierno en Venezuela, hecho totalmente inédito en la medida en que la injerencia foránea se produce de manera abierta y descarada, encabezada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y por los gobiernos pro-yanquis latinoamericanos que desde la OEA y el Grupo de Lima alientan el ascenso al poder de Guaidó, respaldando su autojuramentación como “presidente interino” y llamando públicamente a una rebelión militar que lo impulse al poder.

Los partidos y fuerzas sociales de esta derecha pro-yanqui demuestran una vez más su condición de lacayos del imperialismo estadounidense, reviviendo en pleno siglo XXI la conducta traidora y entreguista que a partir de 1959 ejecutaron los partidos del Pacto de Punto Fijo (principalmente Acción Democrática y Copei). Juan Guaidó y sus seguidores actúan bajo un libreto trazado desde el extranjero, por gobiernos oligárquicos latinoamericanos reagrupados en torno al amo imperial del norte.

Las enormes movilizaciones que se han suscitado este miércoles 23 de enero promovidas por la Asamblea Nacional en su plan de desconocer a Nicolás Maduro tienen un innegable componente popular y han sido posibles por el gran descontento que existen en el pueblo debido a los efectos brutales de la crisis económica sobre las condiciones de vida y de trabajo de las familias venezolanas. Ante la ausencia de un referente político clasista, popular y revolucionario, al pueblo no le ha quedado otra que volver a movilizarse bajo las banderas de la derecha pitiyanki, no para fortalecer a un sector político al cual ya consideran derrotado y fracasado, sino para hacer un nuevo esfuerzo por sacar del poder a quienes consideran principales responsables de todos los males que sufrimos el pueblo trabajador.

El lacayismo de la derecha que ahora encabeza Juan Guaidó llega al extremo de propiciar un escenario de intervención militar extranjera en Venezuela, lo que puede desatar una guerra civil y un baño de sangre, en la cual siempre pagará el pueblo pobre. En un procedimiento político de evidente traición a la patria (y que conste que en este concepto de traición a la patria no coincido para nada con el usado por el gobierno de Maduro y su combo), Guaidó y demás fuerzas políticas pro-yanquis incitan reiteradamente a la injerencia extranjera, situación pocas veces vista en nuestra historia republicana.

En el otro bando, el gobierno de Maduro ya ha demostrado fehacientemente en estos seis años de gobierno su condición de lacayo del capitalismo multinacional al ejecutar programas económicos abiertamente neoliberales para explotar nuestras principales riquezas como el petróleo, el oro y el coltán. Maduro ha firmado contratos que copian los principios antinacionales incorporados a las antiguas concesiones petroleras que el dictador Juan Vicente Gómez otorgó en la segunda y tercera década del siglo XX. También ha elaborado planes económicos inspirado en medidas neoliberales como la flexibilización de las relaciones laborales como “anzuelo” para atraer inversiones extranjeras: desconocimiento de todas las contrataciones colectivas en las empresas del estado; apertura de zonas económicas especiales en las cuales no están vigentes los derechos laborales consagrados en la LOTTT; supresión de elecciones sindicales con el objetivo de ilegalizar a los sindicatos clasistas e imponer una burocracia sindical neoadeca; persecución policial-militar contra estos mismos dirigentes clasistas de los trabajadores, que incluso han sido pasados a tribunales militares (repitiendo la práctica aplicada por Carlos Andrés Pérez en 1977); derrumbe de los salarios reales a niveles de pobreza crítica que coloca a Venezuela muy abajo como el país cuyos salarios mínimos mensuales son menores a los 10 dólares (el país que se supone más pobre del continente, Haití, paga un salario mínimo de 80 $ mensuales).

El programa de Maduro es lacayo de las multinacionales tanto del mundo occidental (estadounidenses, canadienses y europeas) como de las potencias emergentes de la globalización multipolar (China, Rusia, Irán, Turquía). No tiene problemas en abrazarse en Miraflores con Manuel Rocha, alto funcionario del Departamento de Estado de George Bush (y ahora presidente de la Barrick Gold, contratista del Arco Minero), o entrevistarse con la ultraderechista mayamera Maria Elvira Salazar, del canal neoconservador Fox News, para solicitar diálogo con el jefe del imperio yanqui Donald Trump.

De hecho, la ruptura de relaciones con los Estados Unidos contrasta con ese pedido de “diálogo” con Trump que realizara Maduro menos de una semana antes. Con el agravante de que la posible solución “negociada” de la actual crisis, implica en sí misma una entrega encubierta de la soberanía nacional, en la medida en que se colocaría en manos de potencias foráneas el destino de los asuntos internos del país, que deberíamos resolver exclusivamente los venezolanos.

Desde aquellas primeras reuniones de Elías Jaua con John Kerry en diciembre de 2013, o las entrevistas secretas de Diosdado Cabello con Thomas Shanon en Haití/2015, el gobierno de Maduro siempre ha mantenido una diplomacia muy secreta con el gobierno de los Estados Unidos (que contrasta con su discurso antiimperialista, que siempre ha quedado allí, en puro discurso), que parece que se ha ido resquebrajando en la medida en que se agudizan las contradicciones del principal imperio capitalista con otras economías igualmente capitalistas que vienen irrumpiendo fuera del control gringo, como es el caso de China y Rusia. Porque uno de los graves errores de Maduro es habernos atado al carro de la confrontación interimperialista que se viene gestando entre Estados Unidos y sus aliados en el mundo occidental contra China y sus aliados del capitalismo emergente.

Como dice un chiste que circula en las redes, los gringos vienen por nuestro petróleo, nuestro oro, nuestros diamantes, hierro, aluminio, coltán, etc. Pero chinos y rusos están aquí exactamente por lo mismo. No están buscando mamones ni guayabas. No vaya a creer algún desprevenido que las potencias que aparecen respaldando a Maduro lo hacen por razones ideológicas de “solidaridad” con la revolución bolivariana. A Putin, Erdogan, Xi Jinping les importa poco si aquí en Venezuela gobierna un derechista ultraneoliberal como Macri (con quien por cierto hace muy buenos negocios el gobierno chino) o un progresista-izquierdista como Evo Morales. Lo que les interesa a los chinos (y al resto de países “amigos”) es hacer negocios con nosotros, pues tienen una disputa mundial con occidente por el uso de los recursos naturales para su industria en constante crecimiento.

Pero una cosa es utilizar las contradicciones geopolíticas mundiales para obtener beneficios para nuestro país e impedir que salgamos “trasquilados” en las relaciones económicas y políticas del orden global, acercándonos comercialmente a potencias enfrentadas a nuestro tradicional enemigo del norte, y otra cosa es hacerle creer al pueblo que esas relaciones económicas con potencias no occidentales son favorables para la nación por el sólo hecho de producirse. Chinos y rusos simplemente hacen negocios con Venezuela. Mientras más beneficios puedan obtener con nosotros, más inversiones vendrán. En última instancia se mueven con la misma lógica del capital a nivel mundial. Y los contratos antinacionales firmados por Maduro con la Gold Reserve y la Barrick Gold son los mismos formatos de los que se han firmado con empresas chinas, turcas y rusas.

La crisis actual la ha generado sin duda el gobierno de Nicolás Maduro. En 2012 cuando murió Chávez la oposición estaba completamente derrotada electoralmente y la economía del país se encontraba mucho mejor a la actual debacle que hemos transitado en estos seis años. Sin negar que la raíz de la debacle se ubica en errores fatales cometidos por el propio Chávez, y reconociendo que el fundamento político del gobierno Psuv-militares con todas sus perversiones y vicios, ya estaban definidos a lo largo del período de gobierno de Chávez, es necesario decir que Maduro potenció todo lo malo y acabó con las conquistas populares y revolucionarias del proceso chavista. La incapacidad para conducir la política económica, y la enorme corrupción extendida a lo largo y ancho del alto gobierno, condujo al rotundo fracaso de todos los planes y todas las metas definidas en el plan de la nación.

La guinda de la torta la puso Maduro cuando el Psuv perdió las elecciones legislativas en 2015, ejecutando una serie de decisiones violatorias de la constitución que culminaron con la arbitraria convocatoria a elecciones a constituyente sin realizar un referéndum previo. A partir de allí, Maduro con el aval del TSJ y el CNE, ejecutó un golpe de estado que violentó la Constitución aprobada en 1999 y comenzó a gobernar de facto, con farsas electorales convocadas violando también lo establecido constitucionalmente. Por ello la situación legal del gobierno de Maduro no se puede considerar como “constitucional”, sino como gobierno de facto, como el de Pérez Jiménez, para colocar el ejemplo más cercano en nuestra historia (recordando que Pérez Jiménez convocó a su propia “asamblea constituyente” y redactó su propia constitución, que no obstante violó a los cuatro años de aprobada).

El remate ha sido el plan económico que se desarrolla a partir del 20 de agosto pasado, que desconoce todos los derechos laborales contemplados en la constitución de 1999 y en la ley del trabajo de 2012, conquistas importantes de la revolución bolivariana y que Maduro ha destruido con el objetivo de hacer apetecible nuestra mano de obra, barata y sin derechos, para atraer las inversiones del capitalismo salvaje ruso-chino y demás países “solidarios”.

Esta es la hora de los lacayos. Tanto Guaido como Maduro son lacayos del capitalismo mundial. Ambos son antinacionales. Ambos actúan contra los intereses mayoritarios del pueblo venezolano. Las estrategias políticas de estos dos lacayos nos conducen a una posible guerra civil que traería mayores calamidades a las que ya sufre nuestro pueblo.

La perspectiva real de situaciones de violencia, ya desatadas de hecho esta semana cuando han sido asesinados casi 30 ciudadanos en las protestas realizadas a lo largo y ancho del país, complementada esta violencia con el alzamiento de los Guardias Nacionales ocurrido en Caracas el lunes 21 de enero, hecha por tierra la única justificación que le quedaba a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente: haber logrado supuestamente “la paz” y evitado una confrontación violenta. Resulta que hemos regresado, en condiciones aún peores, a la situación de represión violenta de las protestas populares que se suscitaron en el primer semestre de 2017.

El fracaso de Maduro es más que evidente, y el entreguismo pro-yanqui de Guaido simplemente contribuye a profundizar una lamentable polarización que impide al pueblo trabajador formular un programa de transformación urgente que permita superar la crisis económica y estabilizar la debacle política a la que asistimos.

Lo formulado por la Plataforma en Defensa de la Constitución: referéndum para decidir la convocatoria a unas elecciones para relegitimar todos los poderes públicos, parece ser la única propuesta viable que puede salvar a Venezuela de la confrontación armada que planifican y acarician los extremistas del madurismo y los igualmente extremistas y lacayos de la oposición pro-yanqui.

Roberto López Sánchez