Nota publicada originalmente en aporrea.org
El caso del dirigente sindical Jean Mendoza, enjuiciado bajo acusación de “instigación al odio” como maniobra empresarial para impedir su defensa de los derechos laborales, parece estarse aproximando a las audiencias finales, después de varios años de un proceso judicial abierto para complacer a la gerencia de una transnacional y a su equipo de abogados.
Una campaña nacional e internacional solidaria está también próxima a reactivarse con la exigencia de #AbsoluciónDeJeanMendoza cuya situación ha sensibilizado a agrupaciones y corrientes sindicales, a movimientos sociales y de Derechos Humanos, así como a corrientes políticas vinculadas al movimiento obrero en distintas partes del mundo.
Aunque se trate de una causa abierta gracias a las influencias de una transnacional, como forma de ataque a los derechos laborales y sindicales, en favor del lucro capitalista, no está separada de las condiciones generales de violación de derechos democráticos y sociales que con motivaciones políticas ha venido imperando en Venezuela desde hace varios años.
Es una situación que se prolonga en la actualidad, luego de los hechos del 3 de enero de 2026, tras la intervención militar estadounidense y la instalación de un gobierno tutelado por Donald Trump, que ha terminado por derrumbar lo poco que quedaba de las prédicas “nacionalistas” del chavismo en su degeneración, y que se encamina a implantar reformas regresivas en la LOTTT para “legitimar” e “institucionalizar” lo que el autoritarismo ya le había arrancado de facto a la clase trabajadora.
Por tanto, este caso no está aislado de la criminalización y represión antisindical que ha encarcelado o impuesto medidas cautelares limitantes a varias decenas de sindicalistas y activistas que intentaron defender los derechos laborales, atacados tanto por las burocracias gubernamentales como por el capital privado nacional e internacional, que como en el caso de MASISA ha sacado provecho de las leyes represivas y antidemocráticas como la oprobiosa “Ley Contra el Odio”, convertida en instrumento del odio de la clase explotadora contra los despojados.
Odio no es defender derechos laborales estipulados en la Constitución nacional y en la legislación laboral venezolana: odio y perversidad es despojar a millones de familias trabajadoras del salario (llevándolo casi a cero en su capacidad adquisitiva) y hundiéndolas en la pobreza atroz o extrema. Odio es incumplir o violar sistemáticamente las convenciones colectivas, destruir las pensiones y jubilaciones, despedir a los trabajadores que reclaman o llevarlos a prisión, sin garantías procesales e incluso bajo torturas… Odio es supeditar el sistema judicial a las manipulaciones del dinero con consecuencias trágicas o catastróficas para la ciudadanía y especialmente para los sectores más vulnerables de la población. Odio no es denunciar, reclamar y exigir derechos, divulgar una queja en un mensaje por las redes sociales; odio es usar estas expresiones como falsos positivos para impedir el ejercicio de derechos o para desgraciarle la vida a personas que defienden derechos colectivos, lo que causa perjuicios masivos que van más allá de los individuos que se atreven a alzar la voz en nombre de los demás.
Por tanto, casos como el de Jean Mendoza (entre otros sindicalistas sometidos a criminalización, judicialización o privación de libertad) son sólo la punta del iceberg bajo el que está sumergida la clase trabajadora y no están desligados de la lucha general contra el imperio de los abusos, la corrupción, el autoritarismo político y patronal, frente a los derechos democráticos, económicos y sociales del pueblo venezolano.
Antecedentes y Detención Arbitraria
Jean Mendoza, Secretario General del sindicato SITRAEMAS y trabajador de la transnacional maderera chilena MASISA, ha sido blanco de una persecución judicial desde que comenzó a denunciar violaciones sistemáticas a los derechos laborales. El conflicto escaló cuando los trabajadores interpusieron demandas por el incumplimiento de actas convenio que estipulaban aumentos salariales. Como represalia, la gerencia de MASISA utilizó la cuestionada “Ley contra el Odio” para acusar a Mendoza de “instigación al odio” basándose únicamente en sus declaraciones en defensa de la base obrera. Esta acusación provocó su detención arbitraria por el CICPC, de la cual fue liberado días después gracias a la presión solidaria, aunque quedó sujeto a medidas cautelares restrictivas.
Obstaculización de la Libertad Sindical
A pesar de haber ganado elecciones sindicales democráticas y legítimas, la empresa ha ejecutado un plan de asfixia contra SITRAEMAS:
· Desconocimiento de autoridades: MASISA se niega a reconocer a la directiva electa y ha favorecido a un sindicato paralelo patronal minoritario.
· Ataque a la prevención laboral: La empresa impugnó legalmente la elección de delegados de prevención (LOPCYMAT) promovida por Mendoza.
· Represión administrativa: Se ha denunciado el despido de directivos, el desalojo de la sede sindical y la prohibición de acceso de Mendoza a las plantas para impedir el ejercicio de sus funciones.
Irregularidades en el Proceso Judicial
El juicio contra Mendoza ha estado plagado de vicios que evidencian una “tramoya” judicial:
· Falta de pruebas: En la audiencia del 10 de febrero de 2025, la fiscalía y la representación legal de MASISA mostraron una total falta de fundamento y consistencia en sus señalamientos, presentándose incluso sin los poderes legales correspondientes.
· Dilatación intencional: El proceso ha sido reiniciado y postergado en múltiples ocasiones (incluyendo la renuncia de una juez anterior), lo que se interpreta como una estrategia para mantener a Mendoza bajo coerción judicial y medidas cautelares, neutralizado sindicalmente.
· Manipulación del expediente: Se han detectado omisiones de pruebas de la defensa y afirmaciones falsas en las actas de inicio de juicio.
Situación Actual y Clamor por la Absolución
Hacia mediados de 2026, el caso se aproxima a sus audiencias conclusivas. La defensa y el movimiento de solidaridad denuncian que MASISA utiliza su poder económico para influir en un sistema judicial cuestionado, intentando sentar un precedente peligroso contra la clase obrera venezolana.
· Sigue en juicio y bajo medidas cautelares: Mendoza sigue bajo restricción de salida del país, presentación en tribunales cada 30 días, prohibición de acercamiento a sedes administrativas y advertencias de no incurrir en “instigación al odio” en sus declaraciones públicas. A la empresa transnacional le ha bastado acusar sin pruebas para que, por el sólo hecho de hacerlo, se produjera una decisión de un Juez de Control, a consecuencia de la cual Jean Mendoza ha tenido que venir soportando por años el lastre de las medidas cautelares limitantes de sus derechos, mientras la patronal sigue violando derechos laborales con el sindicato parcialmente neutralizado y sin cumplir por su parte de decisiones de los tribunales del Trabajo, como por ejemplo los reenganches.
· Solidaridad nacional e internacional: Organizaciones como la Liga Internacional Socialista (LIS) y diversas agrupaciones políticas y sindicales en Venezuela (como Marea Socialista, donde milita Jean Mendoza, y otras que forman parte del Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo) o se desenvuelven en el ámbito sindical, mantienen la alerta máxima ante el riesgo de una condena injusta que pondría en peligro la integridad del dirigente en los centros penitenciarios del país. De ahí la reactivación e intensificación de la campaña por la #AbsoluciónDe JeanMendoza
Para el próximo 25 de mayo está convocada una nueva audiencia del juicio. El sindicato SITRAEMAS y los movimientos solidarios de la región Guayana, nacionales e internacionales están llamando a acciones de apoyo con la exigencia de absolución del dirigente sindical.
El juicio contra Jean Mendoza no es jurídico, es político y patronal. Las organizaciones solidarias con este luchador sindical exigen el cese del hostigamiento, el respeto a la libertad sindical y la absolución inmediata y plena de un dirigente cuyo único “delito” ha sido defender el salario y la dignidad de los trabajadores madereros.
Nota: Si quieres solidarizarte con Jean Mendoza, puedes enviar tu mensaje solidario a puebloalzao@aporrea.org